Se trata de un procedimiento destinado a perseguir la justicia para miles de ciudadanos estadounidenses provenientes de diversas regiones del país, quienes han estado experimentando un aumento en la urbanización desde la década de 1970.

Esta situación se ha dado sin la existencia de regulaciones que obliguen a los desarrolladores a crear infraestructuras esenciales como aceras, calles y áreas verdes. 

La deficiente calidad de las carreteras y caminos impacta negativamente a una considerable porción de la población en Panamá.

Esto significa que las autoridades pertinentes tienen la responsabilidad de llevar a cabo diversas funciones, que incluyen el diseño, la estimación, la planificación y la ejecución de las obras propuestas.